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Reabre FGR caso Colosio por recomendación de la CNDH

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ordenó integrar un equipo especial para hacer nuevas diligencias, el cual estará encabezado por el ex fiscal para desaparecidos, Abel Galván Gallardo.

En respuesta a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General de la República (FGR) decidió reabrir el expediente sobre el asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California.

Para poder llevar a cabo la revisión del expediente, la FGR ordenó integrar un equipo especial que estará dirigido por Abel Galván Gallardo, extitular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la propia Fiscalía.

La reapertura del caso fue ordenada por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el pasado 4 de abril, de acuerdo con fuentes ministeriales.

Las nuevas diligencias estarán a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos que dirige Sara Irene Herrerías.

Una de las primeras acciones del fiscal del caso es solicitar copias del expediente integrado por la Comisión Especial del Caso Colosio al Sistema Institucional de Archivo de la Cámara de Diputados de la LXV legislatura.

De igual forma, se solicitó a la propia CNDH copia de todas las constancias que se han generado por ese organismo a raíz de las quejas presentadas por Mario Aburto Martínez, condenado a 45 años de prisión por el homicidio de Colosio.

La recomendación 48VG/2021 de la CNDH sobre el caso Colosio, emitida el 26 de octubre del 2021, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) efectuar una nueva investigación del asesinato del excandidato a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, tras concluir que su asesino confeso, Mario Aburto, fue sometido a torturas, además de detectar “múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado”.

La recomendación va dirigida a la FGR y al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por lo que se pide a ambas autoridades otorgar al quejoso (Mario Aburto) la calidad de víctima.