Congreso del Estado de Aguascalientes avaló reformas para fortalecer el acceso la educación desde el hogar
En sesión de la Comisión de Educación y Cultura de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes que preside el diputado Raúl Silva Perezchica, y que en esta ocasión integraron la legisladora Verónica Romo y el congresista Cuauhtémoc Escobedo; se avalaron reformas a la Ley de Educación del Estado, con el objeto de fortalecer el acceso a la educación.
Como primer punto del orden del día, se aprobó la iniciativa que reforma algunas disposiciones a los artículos 2, 4, 9, 18, 21, 25, 60, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 93, 100, 123, 125, 126, 128, 130 y 137 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, presentada por la diputada Gladys Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El objeto de la iniciativa consiste en reformar diversos artículos de la Ley de Educación Local, a efecto de considerar además de a las madres y padres de familia, a tutores o quienes ejerzan la patria potestad como aquellos que deben cumplir con determinadas obligaciones y compromisos para abonar a la educación integral de sus hijas e hijos.
Con esta acción, se dotará de las mismas responsabilidades a las personas que ejercen la patria potestad, con el propósito de alcanzar el objetivo de la educación, además de brindar certeza y seguridad jurídica a las niñas, niños y adolescentes asegurando sus derechos de acuerdo al interés superior de la niñez.
En otro orden de ideas, se avaló la iniciativa de reforma a los artículos 144 y 145 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, presentada por el diputado del PAN Francisco Sánchez Esparza.
El objeto de la iniciativa consiste en infraccionar a quienes presten servicios educativos que expulsen o condicionen la inscripción al servicio educativo a los educandos que no cuenten con su CURP o cualquier otro documento administrativo.
Con ello, se establece la obligación de facilitar el acceso a la educación básica y media superior, sin importar la ausencia de documentos académicos o de identidad, satisfaciendo el derecho a recibir educación, además de proponer soluciones que faciliten la obtención de dichos documentos.
Finalmente, ambos dictámenes aprobados fueron canalizados a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para su trámite correspondiente
