Congreso del Estado legisló en materia de responsabilidades responsabilidades administrativas de servidores públicos

Durante el Desarrollo de la sesión plenaria ordinaria, las y los congresistas de la LXIV Legislatura aprobaron por mayoría el dictamen acumulado de la Comisión de Servidores Públicos, que resuelve las iniciativas de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

El objeto de una de las iniciativas, consiste en armonizar la parte conceptual de responsabilidad e los servidores públicos en general, adecuar la conceptualización de la autoridad investigadora, substanciadora y resolutoria, así como la homologación con la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Aguascalientes, del término para la interposición de medios de impugnación.

El objeto de otra de ellas, se refiere a adecuar el marco jurídico para perfeccionar su aplicación y atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, en relación a la Acción de Inconstitucionalidad.

Así mismo, se aprobó por mayoría el dictamen acumulado de la Comisión de Servidores Públicos que resuelve iniciativas de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

El objeto de la primera iniciativa consiste principalmente en ampliar las faltas administrativas graves de los servidores públicos, realizar por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas como Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes. 

La finalidad de la segunda iniciativa es llevar a cabo una reforma en materia de responsabilidades de los servidores  públicos en el ámbito local, para incluir como falta grave, las acciones que realicen  personas servidoras o servidores públicos que impliquen violencia política en  contra de las mujeres por razones de género. 

En este sentido, la tercera de ellas, consiste en adicionar un párrafo para responsabilizar al servidor público que en abuso de funciones y ejercicio ejerza violencia contra las mujeres.

Previo a la votación, la legisladora Aída Karina Banda se manifestó a favor del dictamen ya que considera que aunque existen en el Código Penal conductas que se puede tipificar como abuso de autoridad, también se debe de sancionar en el área administrativa, las cuales pueden llegar hasta la inhabilitación del servidor público que vulnere el derecho humano de las mujeres de tener una vida libre de violencia.

De igual manera, las y los diputados aprobaron por mayoría el dictamen de la Comisión de Justicia ,que resuelve las iniciativas por la que se expide la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes.

El objeto de la modificación es para armonizar la legislación y la estructura de la administración pública con la reforma laboral federal para la creación de los Tribunales Laborales y la nueva justicia laboral. La nueva normatividad contempla XI Capítulos y 36 artículos, además de 11 artículos transitorios. 

La representante popular del PRI, Elsa Amabel Landín Olivares se manifestó a favor del dictamen ya que considera que la creación de este centro es un acto urgente y que por tanto se debe de llevar a cabo de manera inmediata, sin embargo se dijo preocupada porque el documento no viene acompañado de una propuesta presupuestaria, por lo que aseguró que si no se le dan recursos suficientes para su operación, se puede convertir en letra muerta dicha normatividad.

Por lo que pidió modificar el artículo transitorio para que se otorgue una temporalidad determinada para recibir el respaldo presupuestario que se requiere para que pueda operar este centro.

De igual manera, el diputado del PRD, Jorge Saucedo Gaytán manifestó que ahora, con esta modificación, los trabajadores y patrones podrán acudir al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes, organismo que tiene por objeto evitar las confrontaciones obrero-patronal, ya que aseguró, de acuerdo con los mecanismos de solución de conflictos vía conciliación, los problemas laborales se resuelven entre un 70 y 80 por ciento.

Por último, el diputado del PAN, Alejandro González Dávila mencionó que el artículo 9 transitorio señala que los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Aguascalientes, realizarán las acciones presupuestarias que resulten necesarias a fin de dotar de los recursos humanos, materiales y financieros que permita el cumplimiento del presente decreto.

Después de la votación en lo general, el diputado Alejandro González Dávila presentó una reserva para modificar el texto del artículo 15 del dictamen para sustituir la palabra “será” por “podrá ser”, ya que el documento establece que la Junta de Gobierno contará con un secretario técnico, quien “será” el titular de la dirección general y se propone que sea “podrá ser”, para así tener concordancia con el artículo 13 de este proyecto. La moción fue aprobada por mayoría.

Siguiendo con el orden del día, el Pleno aprobó por mayoría el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que resuelve la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad privada, emitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión

El objeto de este documento es reformar la Carta Magna para fijar las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional.

Acto seguido, fue avalado por mayoría, con 23 votos a favor y 3 abstenciones, el dictamen que formuló la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se resolvió la Minuta con Proyecto de Decreto que envió la Cámara de Senadores, con la intención de facultar a la autoridad para regular y reglamentar los servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional.

En seguida, el Pleno por unanimidad avaló el dictamen que remitió la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a través del cual resuelven la Minuta con Proyecto de Decreto, que turnó el Senado de la República para reformar el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer la prohibición de formular ‘partidas secretas’ en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por otro lado, fue aprobado el dictamen que emitió la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, mediante el cual se autoriza la licencia para separarse de su cargo, por tiempo indefinido, que solicitó la diputada Mónica Jiménez Rodríguez.

En otro punto del orden del día, las y los diputados, por mayoría, votaron en contra, con 4 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, del Punto de Acuerdo que propuso la diputada del PRI, Rosa Ycela Arias Villegas, con el pretendía solicitarle a la Contraloría General de Gobierno del Estado, emprender una auditoria de cumplimiento al Tribunal de Arbitraje, en el que diera conocer al Congreso Estado, entre otras cosa, la relación de expedientes en litigio, amparo, pendiente de audiencia y laudo, al Tribunal de Arbitraje.

Sobre este punto y momentos de someterlo a votación, el diputado del PAN, Saúl García Alonso, se pronunció en contra del Punto de Acuerdo, al señalar que “los objetivos de la auditoria planteados carecen de claridad, pues hay afirmaciones que no están sustentadas”.

De igual manera, fue rechazado por mayoría del Pleno, el Punto de Acuerdo que planteó la legisladora Rosa Ycela Arias Villegas, a través del cual exhorta a las autoridades de salud, a considerar una estrategia integral que permita el regreso paulatino de clases presenciales en el nivel escolar básico, además de hacer las gestiones necesarias para que en el plan de vacunación se considere hacerlo en centros y asilos de personas de adultas mayores.

Al respecto, el diputado de Acción Nacional, Salvador Pérez Sánchez, manifiesto su voto en contra de este planteamiento, pues aseguró que “en el caso de Aguascalientes, la logística de aplicación de vacunas se ha desarrollado de manera ordenada y quien tiene el control y facultad para distribuirla, es exclusivo del Gobierno Federal.